De acuerdo con el Real Decreto 933/2021 y la Ley de Seguridad Ciudadana (2015), los establecimientos vacacionales están obligados a verificar la identidad de los viajeros antes de permitirles el acceso a sus instalaciones. Más allá de ser una obligación legal en países como España e Italia, representa una medida adicional de seguridad que ayuda a prevenir problemas cada vez más comunes, como el fraude y la suplantación de identidad.
